Los padres de Sandra piden a la Fiscalía una sanción ejemplarizante al colegio Irlandesas de Loreto. Tenéis todo nuestro apoyo

15 Noviembre 2025 | Sindicato de Estudiantes

¡Basta ya de financiación al colegio Irlandesas de Loreto!

A un mes después de la trágica noticia de la muerte de Sandra Peña, el pasado miércoles 12 de noviembre los padres declararon ante la Fiscalía de Menores en Sevilla, exigiendo que se aplique una sanción “contundente y ejemplarizante” al colegio por no haber activado el protocolo antiacoso cuando la madre de Sandra puso en conocimiento del centro esta situación el pasado 3 de septiembre. En primer lugar, desde el Sindicato de Estudiantes queremos enviar toda nuestra solidaridad a los padres y los familiares de Sandra, que están dando una batalla ejemplar para que este caso no quede impune y que no haya más víctimas de acoso escolar. Una lacra que nos ha arrebatado a Sandra y a otras muchas compañeras y compañeros y que hace imposible la vida de muchas de nosotras.

Como ha explicado Isaac Villar, el tío de Sandra: “El daño que nos han hecho, que es la pérdida de mi sobrina, no nos lo van a reparar en la vida, pero nuestra lucha es para que esto no se vuelva a repetir. La única forma de que no se repita es que esa sanción sea contundente y ejemplarizante para que a ningún centro escolar se le vuelva a pasar por la cabeza no atender a una familia cuando le presenta una situación de acoso escolar”.

Contáis con nuestro apoyo y con el de los más de 150.000 estudiantes que el pasado 28 de octubre, por primera vez en la historia, vaciamos las aulas de todo el Estado y salimos a gritar nuestro dolor, por Sandra y por todos y todas las víctimas, contra esta lacra del acoso escolar y la opresión que tenemos que soportar diariamente por esos comentarios y actitudes de desprecio, machistas, LGTBIfóbicas y racistas.

En segundo lugar, es necesario volver a recordar que este suceso que nos sacudió y conmocionó a todas, no tendría que haberse producido nunca. Este crimen social se podría haber evitado. El colegio concertado Irlandesas de Loreto es responsable de no haber activado los protocolos correspondientes y mirar hacia otro lado ante esta denuncia cuando los padres de Sandra informaron a la dirección sobre el bullying que ella estaba sufriendo. Pero no solo eso, sino que las primeras semanas después de que Sandra se quitara la vida, el centro siguió justificando su actuación, alegando que cuando fueron a activar el protocolo antiacoso en la plataforma escolar para que la Inspección tuviera conocimiento, fue la terapeuta de la niña la que aconsejó que no se hiciera y que bastaba con la separación de aulas. Algo que su familia niega categóricamente.

Por no querer manchar su buena imagen, decidieron barrer todo esto debajo de la alfombra para no perder los millones que reciben por parte de la Junta de Andalucía del PP cada año. Es una absoluta vergüenza que después de todo lo que ha sucedido, la dirección del centro siga lavándose las manos ante esta situación y que la Consejería de Educación no haya roto fulminantemente el concierto con este colegio. ¿A qué están esperando? La Junta de Andalucía debería haber roto el concierto y la financiación a este colegio hace semanas.

Las negligencias de todas las instituciones, y que sigan sin haber tomado aún ninguna medida, también son las responsables de la muerte de Sandra y de todas las víctimas de acoso escolar.

La familia de Sandra tiene razón. El colegio irlandesas de Loreto debe ser sancionado de forma contundente y ejemplarizante. Y lo primero para ello es poner fin de manera inmediata al concierto y la financiación pública de este colegio y cesar fulminantemente a la dirección del colegio, que no ha presentado su dimisión.

Luchar contra el bullying no es algo individual, es una lucha colectiva. Sandra y su familia nos han dado la fuerza para hablar, para gritar lo que sufrimos, para no tener miedo y para romper el silencio. Sandra tiene que ser la última víctima de esto y no vamos a parar de luchar hasta que acabemos con esta lacra social que nos oprime diariamente y hasta que los responsables políticos y educativos no paguen por consentir lo ocurrido.